Recientemente el Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad que fue propuesta por la Audiencia Nacional acerca de la regulación de los Pagos Fraccionados (PF) del Impuesto sobre Sociedades (IS) aprobada por el Real Decreto-ley 2/2016.
Una sentencia que permite reclamar a sociedades con una facturación superior a 10 millones de euros los intereses de demora que correspondan al importe que pagaron en exceso en los Pagos Fraccionados del mes de octubre y diciembre de 2016.
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